viernes 23 abril, 2021
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Provincia suspendió por decreto sentencias judiciales que obligan a pagar salarios atrasados

Se frena así el cumplimiento de algunos fallos que beneficiaron en su mayoría a magistrados de la Justicia.

Ayer martes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 196 que establece la suspensión durante la vigencia de la emergencia declarada por Ley VII N°91, los efectos de las medidas cautelares, sentencias judiciales y medidas de ejecución que ordenen al Estado Provincial.

La norma alcanza a todos los empleados activos y pasivos de la Administración Pública Central y Descentralizada, las entidades Autárquicas, Autofinanciadas, Sociedades del Estado, Servicios de Cuentas Especiales y todo otro Ente en el cual el Estado Provincial tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Entre los considerandos se destacan que el Poder Ejecutivo, considera que se ha tornado cada vez más recurrente el dictado de medidas judiciales que conminan al Estado Provincial al pago de los haberes devengados y no abonados, como al pago en término de los que devenguen en el futuro; Que dicha intromisión en la administración del gasto público, no sólo pone en serio riesgo la regular prestación de servicios esenciales por los que debe velar el Estado Provincial, sino que además redunda en una marcada desigualdad para con el resto de los empleados públicos que perciben sus haberes en un pie de igualdad, de conformidad a las disponibilidades financieras.

En decreto además señala que dicha problemática exige una mirada superadora a la canalización favorable del mero reclamo que pudiera efectuar algún empleado público o grupo de empleados, debiendo proyectarse a las verdaderas consecuencias perjudiciales para la subsistencia del Estado que ocasiona el acrecentamiento de medidas judiciales de esta clase, con el consiguiente incremento de beneficiarios; Que dicho proceder pierde de vista la imposibilidad de cumplimiento de las sentencias judiciales, circunstancia que determina su ineptitud para salvaguardar los derechos individuales invocados por los demandantes, a la vez que desatiende la primacía del interés general por sobre el particular; Que en tales condiciones, deviene imperioso a los fines de que el Estado Provincial pueda brindar la contención y la prestación de los servicios esenciales que requiere la comunidad, así como garantizar el cobro de los haberes por la totalidad de los empleados públicos, que estos sean cumplidos en la oportunidad en que las disponibilidades financieras así lo permitan.

En consecuencia, corresponde disponer la inmediata suspensión, hasta el vencimiento de la emergencia declarada por Ley VII N° 91, de toda medida cautelar o sentencia judicial que ordene al Estado realizar el pago de los haberes devengados y adeudados, como el pago en término de los que se devenguen en el futuro. Asimismo, deberá ordenarse de oficio el inmediato levantamiento de toda medida cautelar en ese sentido como la suspensión de los efectos de las sentencias recaídas en cada uno de los procesos judiciales. Que, la necesidad de prodigar una solución sin más dilaciones, impiden seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Provincial para la sanción de las leyes, y determina a este Poder Ejecutivo a adoptar medidas que aseguren los fines de la Constitución, todo ello en el marco de las facultades conferidas por su Artículo 156°; Que ha tomado legal intervención la Asesoría General de Gobierno.

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